En febrero de este año, Juan Moya cerró definitivamente su tienda que abrió en 2020, en medio de los meses más estrictos de confinamiento para evitar la pandemia de COVID-19.
“Vi una oportunidad. Me arrendaron un local a mitad de precio y las ventas de legumbres y alimentos no dejaban de subir”, cuenta el comerciante.
Pero en 2022 la situación es diferente. Las ventas se han reducido y otros costos, como la renta del local, se han incrementado. “Ya no es negocio”.
Al factor de la inflación en los arriendos se suma otro problema: mayor competencia, aseguró Guido Varela, director de la Red Ecuatoriana de Tenderos (RET). La falta de empleo en el país llevó a muchos trabajadores a abrir tiendas de barrio para conseguir ingresos.
“Aumenta la competencia, la demanda se mantiene estática y ya no es negocio para tantos puntos de venta. Porque la tienda de barrio requiere de la visita frecuente de la ama de casa”, aseguró Varela.
A escala nacional, la RET registra unas 140.000 tiendas. La mayoría están en Quito y Guayaquil. Por ahora, la organización no cuenta con una estadística del número de tiendas que han cerrado en los últimos meses.
El levantamiento de las restricciones y el regreso a las oficinas provocó también el retorno de los clientes a los supermercados y a los centros comerciales, aseguró Santiago García, presidente del Colegio de Economistas de Pichincha.
También hay otro factor, según Varela: la aparición de locales denominados ‘hard discount’ (descuento agresivo) en los barrios y que son propiedad de grandes cadenas de supermercado.